La Organización de las Naciones Unidas respaldó este lunes la propuesta argentina de avanzar hacia la revisión de las legislaciones de los países miembros para establecer la penalización del cliente de la explotación de personas. Asimismo, y a pedido del gobierno nacional, el tema fue incorporado al Plan de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012 y hubo además un reconocimiento en ese sentido del gobierno estadounidense. Esto significa otro importante apoyo internacional sobre la necesidad de avanzar en la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas que se suma al que ya informáramos hace algunos meses, sobre el cambio de calificación de nuestro país en referencia a los mecanismos gubernamentales vinculados a la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas. La publicación de la OEA está disponible en este link.

El proyecto de resolución redactado y presentado por Argentina ante la ONU en mayo último, y que se aprobó por votación unánime, recibió el respaldo unánime de los países participantes del 19° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (ONU), desarrollado en Viena en mayo último. La resolución permitió que Argentina consagre universalmente la necesidad de visualizar negativamente la figura del cliente, y la necesidad de reflexionar acerca de su sanción o penalización. Por otro lado, la aprobación por parte de la ONU implica que en todos los foros regionales y subregionales comience a abordarse la problemática del cliente, usuario o consumidor de trata, tal como ahora lo estableció la Organización de los Estados Americanos. La posición impulasada por nuesttro país es que sin cliente no hay trata.

El primer paso para instalar internacionalmente la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado "cliente de trata” se dio en la 2ª Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizada por el ministerio de Justicia de Argentina en marzo de 2009. Allí, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Es básico admitir que sin la existencia de las personas que pagan para poder acceder a personas que están sometidas a esclavitud sexual o de otras características, sería imposible que esto se cometiera. Con lo cual, el abordaje exige por parte de todos nosotros hacerlo sin eufemismos, sin hipocresías y sabiendo que es fundamentalmente un problema de carácter social". El documento de la ONU aprobado en Viena a instancias de Argentina exhorta a los gobiernos a que "mejoren las medidas preventivas y desalienten la demanda que fomenta la explotación en todas sus formas y conduce a la trata de personas”, que es la forma contemporánea de la esclavitud”. El informe argentino, en tanto, subrayó al respecto que "esa demanda es el efecto negativo de los clientes, los consumidores o los usuarios; por eso el Estado debe incluir en su legislación nacional, entre otras medidas, la posibilidad de aplicar sanciones penales o de otro tipo a los consumidores que deliberada o conscientemente usen los servicios de las víctimas”.