Parte importante del debate político de los últimos años se centra en la manipulación de la información por parte de los medios concentrados. Una verdadera posición de poder que el Estado está decidido a regular a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la simple acción de ampliar el espectro de señales.

Pero el monopolio no se rinde fácilmente. Y ha decidido atacar al Gobierno por todos los flancos, aún a costa de su propia credibilidad.

Un ejemplo de esta semana: la discusión sobre el 82% móvil para los jubilados. El 30 de mayo pasado, es decir, hace poco más de un mes, Ismael Bermúdez, el hombre que supo denunciar al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por “discriminación”, aduciendo que no había sido “invitado” a una conferencia de prensa, escribía en Clarín una nota titulada Crece el déficit fiscal y sólo se puede cubrir con maquillaje donde afirmaba: “Las cuentas públicas están cada vez más en rojo: sin el maquillaje de los ingresos extraordinarios del Banco Central y de los intereses del Fondo de la Anses, en los primeros cuatro meses de 2010 y después del pago de los intereses, el sector público acumula un déficit financiero de 6.232 millones de pesos, cinco veces superior al de igual período del año pasado”.

Sin “maquillaje”, estábamos básicamente “quebrados” según este especialista en economía. Ahora bien, un mes después, el 1° de julio, frente a la “jugada” de la oposición en el Congreso, intentando de manera absolutamente irresponsable instalar el 82% móvil para las jubilaciones, el propio Bermúdez, sueltito de cuerpo, en una nota titulada Boudou insiste en que no hay plata para pagar el 82% móvil , afirma totalmente lo contrario. Es decir, usando fuentes anónimas –imposibles de cotejar– provenientes de la oposición, dice: “Datos técnicos que aportaron los dirigentes y legisladores opositores sostienen que las mejoras se pueden cubrir con el superávit corriente de la Anses, con los intereses del Fondo de Garantía y con el aumento de los aportes que hacen las empresas grandes al sistema jubilatorio, que fueron bajados en la presidencia de Carlos Menem”.

Un verdadero caradura, instruido seguramente por el sinvergüenza de Héctor Magnetto, que ni siquiera protege su propia dignidad de periodista y su deber de informar con datos sólidos y fundamentados, además de veraces.

Pero, la cosa no termina allí. Marcelo Cantón (editor de Economía de Clarín), es decir, encargado de controlar los que periodistas como Bermúdez escriben, la remata con su nota La decisión de quién gana y quién pierde . Dice Cantón, sin el menor reparo y mostrando un nivel de desconocimiento (o mala fe) que excede lo creíble: “En la economía todo son opciones entre unos y otros, entre quienes ganan y quiénes pierden con una medida. Que quede claro: el Estado gasta más de 350.000 millones de pesos al año; no es que no tenga 30.000 millones, sino que el Gobierno elige utilizarlos en otra cosa”. Una barbaridad. Una estupidez. Un nivel de simplificación del concepto digno de un chico de primer grado. Un cóctel de reduccionismo puro y mala intención sin diluir.
Probablemente, con el paso del tiempo, cuando la ley de medios haya operado la apertura y horizontalización de la información, estos periodistas busquen nuevos rumbos, nuevos espacios para ejercer su oficio. Bueno sería buscar en ese momento entre los pliegues de la memoria y recordar que alguna vez, ellos se contradijeron sin vergüenza y vendieron su pluma… como cualquier mercenario.

En la edición de Clarín de hoy domingo 5 de Septiembre, Eduardo Van der Kooy publica una nota que no resiste el menor análisis. Adjuntamos aquí debajo una comparación entre las falacias publicadas por el GDA y los textos de la Ley de Medios y el Decreto Reglamentario, eleborado por la periodista Mariana Moyano.